TODO el mundo sabe que un porcentaje importante de nuestro parque inmobiliario residencial necesita urgentes obras de rehabilitación e incorporación de nuevas instalaciones, que hoy son imprescindibles para poder considerar dignas las viviendas y para que sus ocupantes dispongan de un nivel de bienestar adecuado. Estamos en el momento oportuno para que una parte del presupuesto de inversiones de la Administración se dedique al mantenimiento y a la adaptación de las dotaciones de los edificios residenciales, sobre todo las relacionadas con la accesibilidad.
Con las nuevas normas, todas las edificaciones que se proyecten con una altura igual o superior a 3 plantas están obligadas a disponer de un equipo ascensor. Sin embargo, en la Comunidad andaluza, más de la mitad de los edificios residenciales de esa altura carecen de su instalación. Esto supone que unas 580.000 viviendas -y, por tanto, más de 1,7 millones de residentes- tienen dificultades para el acceso a sus viviendas. En esta cifra se encuentran los ciudadanos de edad avanzada y de movilidad reducida.
En la ciudad de Huelva, los casos son aún más significativos. Existen barrios completos de edificios plurifamiliares -como El Carmen, Pérez Cubillas, La Hispanidad y otros entre los 48 de su suelo urbano- que tienen todos sus edificios con una antigüedad superior a 35 años, una altura mayor de 3 plantas y no disponen de ascensor. La mayoría de estos inmuebles son promociones públicas construidas en etapas con normativas menos exigentes que las actuales. El aumento del nivel de vida de los ciudadanos, la tendencia de mejorar las características de las edificaciones y el progreso de sus sistemas constructivos e instalaciones, obliga a nuestros gobernantes a legislaciones más rigurosas para los proyectos.
Sería deseable que, del convencimiento de la mejora de calidades y dotaciones de los nuevos edificios residenciales, aparezca la necesidad de adecuar también los antiguos a las mismas condiciones, resolviendo así sus carencias más esenciales. Por eso, las administraciones deben actuar responsablemente en la reposición de las dotaciones deficitarias de sus antiguas promociones, como son los ascensores, para adaptarlas a la normativa actual. También deberían colaborar con el sector privado, informando y facilitando a las comunidades los trámites de su intervención, flexibilizando las normas urbanísticas, modificando las legislaciones y subvencionando propuestas de los más débiles. Así se mejorará todo el parque residencial de nuestras ciudades y se estimulará una parte de la adormecida actividad del sector inmobiliario.
No debemos permitir que, por dificultades de accesibilidad a nuestros edificios plurifamiliares, un número importante de ciudadanos se encuentren hoy «esclavos o prisioneros en sus viviendas».
Huelva información. Noticias de Huelva. Gonzalo Prieto