Hasta una veintena de quejas ha recibido el defensor del ciudadano por las carencias de accesibilidad que presentan los autobuses urbanos de la capital. Por eso, ha exigido a la empresa de transportes Rober que ponga en funcionamiento todas las rampas de los vehículos.
Ante las reclamaciones de los usuarios, el defensor del ciudadano de Granada, Manuel Martín, ha pedido a Rober que “cumpla de forma inmediata” con la legislación de accesibilidad y solucione el problema de la flota de vehículos en la capital, que deberían tener en uso rampas de acceso en todos los autobuses.
De no hacerlo “en un plazo prudencial”, Martín insta al Ayuntamiento de Granada a ejercer “con dureza” su potestad sancionadora e imponer multas a la empresa concesionaria del servicio de transporte público en la capital que pueden oscilar entre los 1.500 y los 3.000 euros, por tratarse de “faltas muy graves”, ya que se ha observado que el mal funcionamiento de las rampas de los autobuses es un problema “recurrente”.
“Es responsabilidad de Rober” atajar este asunto, ha dicho el defensor del ciudadano, que asegura haber abierto 20 expedientes por este tipo de quejas, aunque algunos usuarios han presentado sus reclamaciones en reiteradas ocasiones.
“Hay personas que no pueden desplazarse con total normalidad” para ir a trabajar o de un lado a otro de la ciudad, ha asegurado Martín, por lo que esta circunstancia supone un perjuicio a las personas con movilidad reducida.
El defensor del ciudadano de Granada afirma que el área de Movilidad está al tanto de estas quejas y está “tomando medidas” al respecto.
Según comenta Martín, la empresa ha dado diferentes explicaciones sobre las carencias de accesibilidad en los autobuses urbanos de la capital, pero “ninguna convincente”, por lo que exige que “tome cartas en el asunto”.
Que dos o más autobuses seguidos lleguen a una parada sin poder poner en funcionamiento la rampa de acceso se considera una falta muy grave, una circunstancia que se produce con frecuencia, según ha observado el defensor del ciudadano. Por ello, la sanción que el Ayuntamiento podría aplicar a la empresa de persistir el problema podría ascender a 3.000 euros. “La accesibilidad es un derecho recogido en las leyes y no un privilegio”, ha concluido Martín.
Granada | Local
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